Desde el mes de mayo, la provincia de
Neuquén estuvo marcada por un
interesante y constante conflicto que se prestó en el área de los lagos Los Barreales
y Mari Menuco, a unos 75 km., al noroeste de la capital neuquina. La situación se generó a raíz de un proyecto
de una mini ciudad turística en una zona que abarcaría unas 720 hectáreas.
Dicha zona se divide en 9 lotes de aproximadamente 70 hectáreas cada uno y fueron
ofrecidos por el Estado a través del
Ministerio de Desarrollo y por medio del
Programa de Aprovechamiento Turístico de Perilagos Artificiales de Neuquén “Construcción
y Explotación de Emprendimientos Turísticos en el Istmo de los lagos Los
Barreales y Mari Menuco" a diferentes asociaciones de la sociedad civil,
como asociaciones profesionales, cooperativas, mutuales y colegios.
Para explicar este proyecto los diferentes
inversores y el gobierno provincial a partir del Ministerio de Desarrollo,
declararon que el mismo supone para la provincia
de Neuquén, más precisamente para aquellos residentes aledaños a los lagos Mari Menuco y Los Barreales, un
gran desarrollo turístico y económico, que se verá beneficiado por una
importante afluencia de turistas en dicha mini ciudad. El conflicto se inicia
cuando la comunidad mapuche Kayipayiñ,
obstaculizó el acceso a los lagos, en forma de protesta por 3000 hectáreas que
reclaman como propias, que están comprometidas con este proyecto de
urbanización e inmobiliario y no se los ha consultado con ellos; de todas
maneras no hay que olvidar que los
pueblos mapuches están respaldados por la constitución nacional en materia de
reconocimiento y propiedad legítima de tierras.
Artículo 75 inciso 17,
corresponde al congreso:
“Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Como dice Mabel Manzanal sobre el
desarrollo “Se le han asociado diferentes
calificativos (como socioeconómico,
sustentable, humano, endógeno, local, territorial, etc.) se lo ha ligado al
crecimiento o a la distribución, pero especialmente ha sido el objeto preferido
de la política y los políticos. Desde aquí – y para acceder al consenso popular
– se lo ha cargado de considerandos morales. Pero poco se ha dicho acerca de
que el “desarrollo”, bajo cualquiera de sus modalidades de divulgación, implica
una estructura de poder y de dominación y que siempre viene asociada con el
Estado-nación”[1]
y
esto es lo que sucede en este caso, ya
que a este proyecto de desarrollo turístico se lo promociona o se lo muestra
como un hecho que significará un gran crecimiento socioeconómico y que beneficiará a la provincia y
principalmente a aquellos que residen en dicha zona; pero por otro lado, lo que no se muestra a la población o lo que
se busca ocultar, es el trasfondo que hay en este proyecto, donde en realidad
al beneficio lo perciben los inversores y el estado provincial, además de
perpetuar su poder, ya sea político y/o económico.
Otro punto a tener en cuenta es el rol del
Estado, el cual según Quijano “ha
resultado ser fundamental para el desarrollo de la sociedad capitalista en
todas partes. En el orden capitalista hay una asociación crucial entre el
Estado-nación moderno y el desarrollo”[2].
Ya que el estado, en este caso el provincial, permite y facilita la realización
de obras, que al final de cuentas beneficiarán tanto a las empresas y/o
asociaciones como al Estado, en materia de ingresos, impuestos, etc.
Partiendo de estas concepciones podemos
suponer que el desarrollo es un concepto y una herramienta que utiliza la clase
hegemónica -aquella que posee el poder tanto político, el Estado, como aquella
que posee el poder económico, las asociaciones inversoras- para en un principio obtener un beneficio, ya
sea económico y/o político, como también
para perpetuar y acrecentar esta hegemonía sobre la clase que es dominada.
Además se pone en marcha otro de las formas
de actuar que tiene la clase hegemónica, principalmente el estado que es la de
transformar los intereses de la clase dominadas en los intereses de las clases
dominantes, esto quiere decir que ante cualquier planeamiento ya sea
territorial, político, entre otros, habrá consenso por parte de la sociedad en
general. Como en este caso que se puede observar como hubo una buena aceptación
del proyecto en cuestión de toda la sociedad neuquina en general, a excepción
de la ya mencionada comunidad mapuche, que muestran su disconformidad ya que
hay tierras suyas comprometidas con el proyecto, de no existir tan conflicto,
seguramente el consenso de la comunidad mapuche existiría.
Entonces es por medio de esta hegemonía que aquellos privados y la sociedad política
deciden unilateralmente, llevar a cabo este proyecto turístico e inmobiliario,
ya que tienen el poder para llevarlo a cabo e iniciar su materialización
rápidamente. Pero como es común en estas situaciones, este “desarrollo” viene
acompañado de conflictos, principalmente cuando no hay consenso por parte de la
clase subordinada. En este caso es la comunidad mapuche que no tiene el
consenso de este proyecto ya que, no se los ha tenido en cuenta para su
realización, pero se podría pensar entonces
que si se los hubiera considerado en el proyecto de desarrollo turístico,
tal vez hoy no habría conflicto alguno y los mapuches pertenecientes a la
comunidad Kayipayiñ no estarían cortando el acceso a los lagos artificiales.
Por otro lado para dar una solución al
problema, el viernes 07/11, el estado provincial por medio del ministro de
Coordinación, Gabriel Gastaminza, y el fiscal de Estado, Raúl Gaitan, le
ofreció a la comunidad mapuche una compensación de tierras, es decir, otorgar a
la comunidad tierras en otro lugar para dar fin al conflicto y así se pueda dar
inicio a la construcción de las obras. Desde la otra parte, el vocero da la
comunidad Gabriel Cherqui, manifestó que analizarán la propuesta cuando la
misma sea presentada por escrito y al momento de analizarla se tendrá en cuenta
el desarrollo de la vida de la comunidad.
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